Paraná, jueves 7 de febrero de 2019
El STJ hizo lugar a las impugnaciones extraordinarias de las defensas de cuatro imputados en la denominada causa contratos truchos en la Legislatura. Revocó el fallo de la Cámara de Casación que rechazó tratar la cuestión y ordenó la libertad bajo caución de los cuatro primeros detenidos en la megacausa.
NÉSTOR BELINI
Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialócomo, que son representados por José Velázquez y Humberto Franchi, y Alfredo Bilbao, que es defendido por Iván Vernengo y Damián Petenatti, recuperaron la libertad ambulatoria mientras se sustancia la investigación para determinar su responsabilidad en la causa conocida como contratos truchos en la Legislatura provincial.
La Sala N°1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Migue Giorgio, resolvió ayer, tras escuchar los argumentos de los defensores y de la fiscal adjunta y fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, y el fiscal auxiliar, Ignacio Aramberry, hacer lugar a las impugnaciones extraordinarias deducidas por las defensas en el legajo de apelación contra la resolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná, que había rechazado los recursos de Impugnación Extraordinaria de las defensas por considerarlos inadmisibles.
Así, la Sala revocó “íntegramente” aquella resolución, dispuso el cese de la prisión preventiva y ordenó la inmediata libertad, bajo caución juratoria, de Beckman, Mena, Scialócomo y Bilbao. El viernes 15 de febrero a las 12.30 se realizará la lectura íntegra de los fundamentos de la sentencia
MEDIDAS. Los imputados deberán cumplir con una serie de medidas de coerción, entre las que se destacó la prohibición de mantener todo vínculo con testigos de la causa, como así también, la de realizar cualquier tipo de actos perturbadores hacia aquellos.
La medida se adoptó en la resolución del recurso de queja presentado ante la Sala por parte de los abogados defensores de quienes son investigados por integrar una organización criminal que desde hace diez años vendría sustrayendo fondos públicos mediante la modalidad de celebración de contratos de obra truchos en la Legislatura provincial, confeccionados a favor de personas que prestaban sus nombres a cambio de recibir ínfimas sumas de dinero, quedando la mayor parte de lo sustraído en manos de la presunta organización.
APEGO. Cuando se conoció la resolución, en la zona de Tribunales y de la Casa Gris, se escucharon voces que resaltaron la medida adoptada. En este sentido, un hombre de leyes con experiencia en leer decisiones del STJ en causas de importancia pública manifestó: “Es necesaria una Justicia que tenga apego por la Constitución nacional y provincial y los tratados internacionales que rigen la materia de la excarcelación como norma” y añadió: “Esperemos que se termine con las presiones innecesarias, la libertad durante el proceso debe ser la regla” finalizó.
POSICIONES. La Sala dispuso un período de tiempo para las exposiciones de los argumentos de cada parte. Así, los defensores expusieron que los imputados no ponían en riesgo la investigación estando en libertad mientras aquella se desarrolla. En este sentido Velázquez, en un párrafo de su alegato, señaló que “lo único que ha evidenciado o demostrado Fiscalía es su hipótesis, que se basa en evidencia a la que defensa nunca pudo acceder. En la evidencia que sostiene en esa hipótesis habla de la gravedad del hecho y de la calificación. Estos no son elementos que justifiquen o prueben el supuesto entorpecimiento de la investigación, todo lo que plantean respecto a la gravedad del hecho, o la participación en el hecho o el nivel de culpabilidad, es algo que se va a discutir en el juicio, acá sólo se está discutiendo cuál es el riesgo de entorpecimiento de la investigación, porque ni siquiera se está hablando de riesgo de fuga”.
A su turno, los fiscales defendieron las resoluciones de las juezas Marina Barbagelata y Carolina Castagno, jueza de Garantías y del Tribunal de Juicio y Apelaciones, respectivamente.
La primera ordenó la prisión preventiva por cuatro meses en la Unidad Penal N°1 de Paraná, y la segunda rechazó las apelaciones y confirmó la medida más ma de coerción.
Los fiscales afirmaron “todos los imputados realizaron actos de entorpecimiento concreto” y detallaron que son 35 las personas imputadas que fueron indagadas en la causa y resaltaron que sólo a siete se les pidió la prisión preventiva en la cárcel, puesto que con el resto se acordaron medidas de coerción alternativas.
“Fuimos muy selectivos al considerar quiénes debían estar en prisión preventiva y quiénes pueden entorpecer la investigación. Sobre todos aquellos imputados que tienen roles menores en la investigación se aplicaron medidas coercitivas, porque entendemos que los actos de entorpecimiento pertenecen a situaciones colectivas”.
En este sentido sostuvieron que “en las asociaciones ilícitas se organizan para incidir sobre potenciales testigos para que hagan o digan determinadas cosas en el proceso penal”.
FUENTE: El Diario